El pleno de la Diputación de Lleida aprobó este jueves una partida de 1.950.000 euros en créditos extraordinarios para que ayuntamientos, capitales de comarca y consejos comarcales contraten personal de inspecciones sanitarias en comercios minoristas.
La decisión llega en un momento en que muchos municipios deben asumir tareas de prevención, promoción y protección de la salud, pero no siempre cuentan con personal técnico suficiente para revisar la actividad comercial. La ayuda busca cubrir esa falta de estructura en la administración local, especialmente en los consistorios que necesitan reforzar controles básicos.
La Diputación reservó 1,95 millones para reforzar inspecciones en comercios
Podrán acogerse a esta línea los ayuntamientos de más de 4.500 habitantes y los consejos comarcales. La financiación también alcanza a las capitales de comarca, dentro de una convocatoria orientada a sostener competencias municipales en materia sanitaria.
Marc Baró, diputado de Finanzas, enmarcó la medida en la necesidad de que los ayuntamientos dispongan de personal técnico cualificado para llevar a cabo inspecciones en los comercios minoristas y garantizar que la actividad se ajusta a los requisitos establecidos.
La partida salió adelante en la misma sesión plenaria en la que la corporación provincial abordó otras herramientas de apoyo a la gestión local. Entre ellas figura la contratación de personal para inspecciones sanitarias en el comercio minorista, una función vinculada al control municipal de salud pública.
El pleno autorizó Local.iA para extender la inteligencia artificial a los municipios
Además de la dotación económica, el pleno autorizó la implantación de la herramienta digital Local.iA para incorporar inteligencia artificial pública en la gestión municipal. El acuerdo se articulará mediante un protocolo entre las diputaciones de Barcelona y Lleida para que los consistorios de la demarcación puedan utilizar la plataforma.
Agustí Jiménez, vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Nuevas tecnologías, explicó que la plataforma fija la normativa aplicable, el modelo de gobernanza y las consideraciones éticas sobre el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, junto a otros servicios pensados para el trabajo diario de los ayuntamientos.
En paralelo, la corporación provincial plantea que esa implantación sirva para homogeneizar procedimientos entre municipios de distinto tamaño. La herramienta incorpora un marco de uso orientado a que la adopción tecnológica se haga de forma eficiente, transparente, ética y sostenible.
Jiménez añadió que el acuerdo con la Diputación de Barcelona permite reducir la brecha digital y tecnológica, sobre todo en los municipios pequeños, y facilitar a los ayuntamientos un uso de la inteligencia artificial que, en sus palabras, sea seguro, fiable y con garantías.
La ayuda para inspecciones sanitarias podrá solicitarla los ayuntamientos de más de 4.500 habitantes y los consejos comarcales, dentro de una dotación aprobada por el pleno de 1.950.000 euros.