La plataforma de vecinos de urbanizaciones de Alpicat ha llevado a los tribunales la modernización del regadío del Canal de Aragón y Catalunya para exigir que el proyecto incluya tuberías de caudal presurizado en las zonas residenciales del municipio.
El choque enfrenta dos intereses sobre la misma obra. Mientras los vecinos sostienen que esa red también daría servicio a parcelas agrícolas próximas y encaja en los objetivos de eficiencia hídrica, la comunidad de regantes mantiene que incorporar a las urbanizaciones pondría en riesgo una subvención europea de 4 millones de euros pensada para 1.250 hectáreas de cultivo.
La comunidad de regantes vincula la obra a 1.250 hectáreas y 4 millones de ayuda europea
La junta de la comunidad de regantes rechaza la petición vecinal porque entiende que destinar parte de esos fondos a tuberías para urbanizaciones podría comprometer la ayuda Next Generation concedida para modernizar suelo agrícola. La entidad agrupa a más de 400 agricultores de Alpicat y Lleida.
Su argumento es que esas ayudas tienen un destino agrario y que aplicarlas a conducciones para zonas con chalets equivaldría a desviarlas para usos como el riego de jardines o el llenado de piscinas. En ese punto centra su oposición al recurso contencioso administrativo presentado por la plataforma.
Los vecinos plantean un hidrante por urbanización y pagar la red interior
Frente a ese rechazo, los residentes de las urbanizaciones defienden que la instalación de tuberías presurizadas no se limitaría al abastecimiento doméstico. Su tesis es que también mejoraría el servicio en fincas agrícolas cercanas a las viviendas y, por tanto, puede integrarse en la actuación de modernización.
Actualmente, las urbanizaciones, con unos 250 chalets, reciben agua tanto del canal como de la red municipal. Lo que reclaman ahora es una infraestructura presurizada que les permita optar a ayudas públicas de mantenimiento.
Además, los vecinos plantean una fórmula intermedia. Proponen instalar un único hidrante por urbanización y asumir con sus propios recursos el coste de la red interna de conducciones para repartir el agua entre las casas y las parcelas.
El conflicto arrancó por una resolución de 2013 y cambió en septiembre
Todo el conflicto se abrió el año pasado, cuando la comunidad de regantes intentó dejar fuera del suministro a las urbanizaciones al detectar una resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro dictada en 2013 que así lo exigía.
Meses después, la situación cambió. La Confederación Hidrográfica del Ebro aprobó en septiembre una nueva resolución que reconoce a los vecinos una dotación de agua para abastecimiento sin restarla del volumen destinado al regadío y los reincorpora como miembros de la comunidad.
Esa resolución de septiembre mantiene para los vecinos una dotación de agua de abastecimiento sin reducir la asignada al regadío y devuelve a las urbanizaciones su condición de integrantes de la comunidad de regantes.