El ayuntamiento optará por una nueva concesión para gestionar el transporte público urbano con un contrato de 11,65 millones de euros al año y una duración de diez años. El gobierno municipal prevé llevar los pliegos a pleno antes de fin de año, después de presentarlos en otoño.
La decisión llega tras comparar el coste de esa concesión con la opción de municipalizar el servicio, una posibilidad que quedará descartada pese a las críticas de Comú. El principal choque político está en que el consistorio defiende que la gestión indirecta permitirá mantener el control público del servicio, mientras la oposición sostiene que el nuevo contrato compromete el modelo durante al menos una década.
Cristina Morón defendió una concesión de 11,65 millones al año
Durante la comisión informativa, la teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad, Cristina Morón, sostuvo que la elección del modelo no se ha cerrado solo por criterio político. El consistorio pidió informes a cinco compañías del sector para comparar los costes de una nueva concesión con los de una eventual gestión directa.
En ese análisis participaron Alsa, Avanza, Moventis, Hispano Igualadina y Tusgsal. Con esa documentación, el gobierno municipal concluyó que la opción más conveniente es volver a licitar el servicio.
"El modelo de gestión es una decisión política que debe venir avalada por criterios técnicos y, tras analizar los costes muy detenidamente, hemos llegado a la conclusión que lo más conveniente es ir a una concesión" - Cristina Morón, teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad
Morón añadió que el servicio y la infraestructura seguirán siendo públicos y que la delegación afectará solo a la gestión. También avanzó que los nuevos pliegos incorporarán más control municipal para garantizar la calidad del transporte.
El contrato actual puede prorrogarse tras la ampliación aprobada en diciembre
El calendario municipal pasa por presentar los pliegos en otoño y someter la concesión a votación plenaria antes de acabar el año. Hasta que la adjudicación quede resuelta, el gobierno contempla prorrogar el contrato en vigor.
Ese contrato ya había sido ampliado el pasado diciembre por un año. La nueva extensión aparece como una opción probable para evitar un vacío en la prestación del servicio mientras se completa la licitación.
Frente a la posición del ejecutivo local, el grupo Comú rechazó que se impulse otra concesión. La formación considera que esa vía "hipoteca el transporte público como mínimo una década más y nos condena a un servicio caro".
En la misma comisión informativa, Cristina Morón resumió la posición del gobierno municipal con una última idea sobre el debate abierto: "Más que el modelo de gestión, lo que le importa a la ciudadanía es que el servicio funcione".