La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos para regularizar a inmigrantes en España. La operación ha dejado, hasta el momento, un total de 61 personas detenidas, con la mayoría de arrestos practicados en la provincia de Zaragoza, donde la red tenía su principal base de operaciones. También se han producido detenciones en Barcelona, Huesca y Teruel.
Trama internacional con ramificaciones en varias provincias
La investigación sostiene que la organización criminal tenía un alcance internacional y estaba asentada en España. Operaba principalmente desde Zaragoza, aunque contaba con ramificaciones en Alicante, Murcia y Huesca. Entre los arrestados figuran los principales responsables de la trama, según los investigadores, así como personas de origen español, argelino y marroquí.
El operativo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Los agentes realizaron cuatro entradas y registros en domicilios de la capital aragonesa, donde se intervinieron dinero en efectivo, documentos falsificados y otros materiales relacionados con la investigación.
Más de 5.000 personas habrían utilizado los servicios de la red
La investigación apunta a que más de 5.000 personas en situación irregular habrían recurrido a los servicios de la organización para tramitar permisos de residencia. El procedimiento comenzaba cuando los clientes enviaban copias de sus pasaportes. A partir de ese momento, la red guiaba a los interesados durante todo el proceso para intentar regularizar su situación administrativa en España.
Entre los servicios detectados por los agentes figuran la obtención de empadronamientos a distancia, la apertura de cuentas bancarias y la gestión de certificados médicos. La organización ofrecía la posibilidad de gestionar parte de los trámites sin necesidad de desplazamiento físico.
Falsificación de documentos y contratos ficticios
Los investigadores detectaron que la red falsificaba presuntamente la documentación necesaria para presentarla ante la administración. Se utilizaban documentos de identidad falsificados y autorizaciones fraudulentas de propietarios de viviendas. En algunos casos, se empleaban personas con una apariencia física similar a la de quien debía empadronarse para facilitar los trámites vinculados a la acreditación de residencia.
La organización habría creado empresas pantalla para justificar ingresos en España y dar apariencia legal a la documentación presentada por los clientes. Además, formalizaba contratos de trabajo inexistentes y tramitaba altas en la Seguridad Social que después anulaba a los pocos días.
Precios y estructura de la organización
- Por un empadronamiento fraudulento se cobraban entre 600 y 900 euros.
- La formalización de un contrato ficticio oscilaba entre 3.000 y 10.000 euros.
- El transporte de personas y la entrega de documentación asociada tenía un coste de 500 euros.
De los 61 detenidos, 18 están considerados miembros de la organización criminal y el resto figuran como clientes de la trama.
La operación sigue abierta
La investigación comenzó tras detectarse un incremento significativo de solicitudes de autorización de residencia temporal. Al revisar la documentación presentada, los agentes comprobaron que parte de los papeles aportados para acreditar los requisitos exigidos no eran auténticos. Los investigadores no descartan nuevas detenciones en los próximos días y la operación continúa abierta.