Un total de 1.343 direcciones de centros educativos públicos de Lleida y del conjunto de Catalunya han enviado un manifiesto al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a la consejera de Educación, Esther Niubó, y a los grupos del Parlament para reclamar cambios estructurales en el sistema educativo.
El escrito rechaza que los Mossos d'Esquadra entren en los institutos de secundaria como agentes educadores o mediadores dentro del plan piloto del Departament d'Educació. Las direcciones sostienen que la escuela pide más personal social y educativo mientras la Administración plantea reforzar la presencia policial.
Las direcciones piden apoyo social fijo y rechazan mediación policial en secundaria
El colectivo defiende que las funciones educativas y las de seguridad deben quedar claramente separadas dentro de los centros. A su juicio, normalizar la presencia policial en los institutos resta autoridad al profesorado y estigmatiza a la comunidad educativa.
Además, el manifiesto reclama una dotación fija de personal de integración social y de educación social en todas las plantillas. Esa asignación, añaden las direcciones, debería ajustarse a la complejidad real de cada centro.
También plantean reforzar las comisiones sociales con representantes de salud comunitaria y con técnicos sociales. En la misma línea, proponen consolidar las Aulas de Acogida a partir de seis alumnos para facilitar la integración del alumnado recién llegado.
El manifiesto liga los cambios al retroceso del PISA y exige llegar al 6% del PIB
La reclamación se apoya también en la evolución de los resultados educativos. Las direcciones vinculan la necesidad de estos cambios con el descenso registrado en el informe PISA 2022 y piden una revisión del Decreto de Escuela Inclusiva para comprobar si la falta de recursos impide aplicarlo de forma efectiva.
En el plano presupuestario, el documento exige que la inversión educativa alcance el 6% del PIB previsto en la Llei d'Educació de Catalunya. El objetivo del manifiesto es que ese refuerzo económico sirva para sustituir los planes policiales por una red de apoyos socioeducativos en los centros públicos.
Las direcciones han fijado el 19 de junio como fecha límite para que el Govern formalice un compromiso presupuestario con esas medidas.