La operación Cover del Seprona de la Guardia Civil ha destapado en La Axarquía, en la provincia de Málaga, una red que vertió de forma ilegal más de 167.000 toneladas de residuos de construcción, incluido amianto, en parcelas agrícolas. La investigación alcanza a 12 personas físicas y tres jurídicas por usar un sistema de relleno y sellado con el que mezclaban residuos peligrosos con tierras inertes para simular una nivelación del terreno.
El caso aflora en un momento en que España mantiene una media anual de unas 20.000 denuncias por vertidos ilegales y, al mismo tiempo, sigue arrastrando 195 vertederos ilegales sin cerrar, sellar ni restaurar desde que fueron identificados en 2008. A inicios de 2024, la Comisión Europea llevó al Estado al Tribunal de Justicia de la UE por esos incumplimientos.
La red evitaba costes altos al mezclar amianto con tierras inertes
La gestión legal de una tonelada de residuos de construcción cuesta en la provincia de Málaga entre 15 y 25 euros. En el caso de materiales peligrosos como el amianto, el precio sube por los protocolos de seguridad exigidos, un diferencial que convierte el fraude en un negocio con amplio margen.
La Guardia Civil sostiene que no se trata de vertidos aislados de particulares, sino de una estructura logística organizada. Los investigadores sitúan los hechos en el terreno de una delincuencia profesionalizada y especializada, con capacidad para ocultar residuos peligrosos bajo una aparente adecuación agrícola de las parcelas.
Además del volumen vertido, los agentes valoran en más de 6 millones de euros el daño ambiental causado por la contaminación derivada de esos depósitos. La Guardia Civil añade que la alteración del suelo y de las aguas subterráneas deja una huella química que permite vincular el residuo con el perjuicio ambiental.
España encadenó en un año grandes golpes contra el tráfico ilegal de residuos
El mes pasado, España encabezó una operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos que se saldó con 127.000 toneladas confiscadas y 337 detenidos. La mercancía procedía sobre todo de Italia y Francia, dos países donde la gestión legal de residuos puede costar hasta ocho veces más que en España, de acuerdo con la Guardia Civil.
Ya el año pasado, otra investigación desarticuló una banda que depositaba 40.000 toneladas anuales de residuos italianos en vertederos de Tarragona y Conca. Aquella causa acabó con 15 detenidos y con un negocio que había ingresado 19 millones de euros desde 2021.
Los datos policiales muestran la dimensión del fenómeno. El Seprona registró en 2025 un total de 17.173 infracciones contra la normativa de residuos y vertidos, a las que se sumaron otras 143 por contaminación atmosférica.
La presión sobre el sistema también aparece en otros puntos del sur peninsular. En Almería han aflorado más de 400 puntos de vertido, sobre todo de plásticos agrícolas, después de que China dejara de comprar estos materiales en 2016.
Ecologistes en Acció vincula el fraude a la falta de trazabilidad
Un portavoz de Ecologistes en Acció apunta a la facilidad con la que algunos operadores pueden mover residuos fuera del circuito legal. La organización denuncia que muchos transportistas ofrecen retirar la carga por la mitad de precio y sin la documentación obligatoria.
Ese ahorro para el productor del residuo se apoya, añade el mismo portavoz, en la falta de un sistema de control más sólido durante todo el recorrido de la carga. La ausencia de una trazabilidad potente dificulta seguir el rastro de materiales que acaban en fincas, canteras o vertederos clandestinos.
El negocio, además, encaja en una tendencia al alza. La delincuencia ligada al tráfico de residuos crece a un ritmo del 5% anual y ya figura como la cuarta actividad delictiva más importante del mundo.
La Comisión Europea sostuvo al llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE que esos 195 vertederos ilegales pendientes desde 2008 provocan daños graves al medio ambiente y suponen un riesgo para la salud humana.