La planta de Domo Polymer Solutions Spain en Blanes ha entrado oficialmente en fase de liquidación tras el concurso de acreedores que afecta a la filial española del grupo químico. El proceso judicial avanza hacia una subasta notarial fijada para el próximo 10 de junio con el objetivo de encontrar un comprador para la unidad productiva.
Más de una docena de empresas han mostrado interés preliminar por las instalaciones antes de la fecha límite para presentar ofertas vinculantes. Tres de estos potenciales compradores han solicitado reuniones presenciales con la administración concursal para ampliar datos técnicos y financieros antes de tomar una decisión definitiva.
ACIN lidera el interés industrial
Entre los interesados destaca ACIN, un grupo especializado en reciclaje industrial con sede en Riudarenes que ya demostró su capacidad de inversión en el sector. Esta compañía adquirió Nylstar en 2024 por 8 millones de euros después de duplicar su oferta inicial de 4 millones durante el proceso competitivo.
"La naturaleza química de la industria exige una parada ordenada de la producción" - Josep Pujolràs, administrador concursal
Josep Pujolràs, socio de Roca Junyent y administrador concursal designado, supervisa el cierre progresivo de la actividad. La producción se encuentra en su fase final y requiere protocolos estrictos de seguridad debido a los materiales manejados en las instalaciones blanencas.
El juzgado mercantil de Girona aprobó hace dos meses las reglas especiales que rigen esta liquidación y separan la estructura de Domo España en dos bloques diferenciados para facilitar su venta o cierre.
Condiciones laborales y económicas estrictas
La planta de Blanes emplea actualmente a 73 trabajadores y cuenta con instalaciones valoradas en 12,36 millones de euros según las tasaciones judiciales recientes. El valor total de referencia asciende a 15,21 millones de euros al incluir los costes laborales derivados de la posible extinción de contratos.
Cualquier empresa que aspire a comprar la fábrica debe presentar una oferta mínima de 4,12 millones de euros y realizar un depósito previo de 250.000 euros. Las propuestas deben ser firmes y sin condiciones pendientes para ser admitidas a trámite por la administración judicial.
Los compradores están obligados a mantener al menos 24 de los 73 puestos de trabajo actuales o aportar una compensación económica de unos 950.000 euros. Esta cláusula social busca proteger el empleo local frente a una posible compra puramente especulativa de los activos inmobiliarios e industriales.
Se ha abierto un expediente laboral de suspensión de contratos y, de forma subsidiaria, de extinción de las relaciones laborales mientras se resuelve la subasta. Los representantes de los trabajadores siguen de cerca las negociaciones para garantizar el cumplimiento de las garantías establecidas por el juez.
Posibilidad de subasta exprés
El procedimiento contempla una vía acelerada si aparece una oferta significativa que mejore sustancialmente las condiciones iniciales planteadas por la administración concursal. Si surge una puja de al menos 8,24 millones de euros que comprometa el mantenimiento de 49 trabajadores, se podría convocar una subasta exprés en cinco días hábiles.
El juzgado valorará de forma conjunta tanto el precio ofrecido como el número de trabajadores que la empresa adjudicataria esté dispuesta a asumir en su nuevo proyecto industrial. Esta dualidad convierte el factor humano en un elemento decisivo junto a la valoración económica de los activos.
La segunda unidad afectada por el concurso es el área informática ubicada en Barcelona, que cuenta con 23 trabajadores y activos valorados en 128.903 euros. Este bloque presenta un perfil muy diferente al de la planta industrial y podría tener un recorrido comercial distinto en el mercado.
Las instalaciones de Blanes fueron construidas en 1967 como ampliación de la antigua SAFA y forman parte del tejido industrial de la zona desde hace más de medio siglo. El grupo belga Domo Chemicals adquirió la propiedad en 2020 antes de derivar en la actual situación de insolvencia de su filial española.