Los Mossos d'Esquadra han desmantelado en los últimos meses varios narcobúnquers de marihuana en municipios como Alella, Montmeló y Torrelles de Foix, una expansión que ya no afecta solo a naves o pisos, sino también a sótanos de viviendas y construcciones ocultas en urbanizaciones. Detrás de esas instalaciones hay montajes que pueden rozar el millón de euros, con sistemas de agua, iluminación, ventilación y conexiones fraudulentas a la red eléctrica.
La paradoja es que el refuerzo de la red no está frenando el problema. En algunas zonas, la potencia disponible llega a multiplicar por cinco la contratada legalmente y acaba alimentando nuevas plantaciones, mientras el consumo de una sola instalación indoor equivale al de 80 viviendas y provoca cortes de suministro en los alrededores.
Los Mossos localizaron plantaciones en Alella, Montmeló y Torrelles de Foix
En febrero, la policía catalana desmanteló en Alella, en el Maresme, una construcción de 50 metros cuadrados con 1.080 plantas de marihuana. En aquella actuación fueron detenidos cuatro hombres y una mujer.
A finales de abril, los agentes arrestaron en Montmeló, en el Vallès Oriental, a un hombre de 72 años por cultivar 1.430 plantas y almacenar 26 kilos de marihuana procesada en el sótano de su vivienda.
El 7 de mayo, la investigación llevó a los Mossos d'Esquadra hasta la urbanización de Can Coral, en Torrelles de Foix, en l'Alt Penedès. Allí hallaron 1.850 plantas en un búnquer de 400 metros cuadrados y atribuyen al detenido un fraude eléctrico de 73.000 euros.
Xarxes d'Endesa cifra en 10.600 las plantaciones desconectadas en cinco años
El impacto no queda solo en la actividad delictiva. El alto consumo eléctrico de estas plantaciones altera el suministro en urbanizaciones y barrios, porque cada cultivo interior demanda una potencia similar a la de decenas de hogares conectados de forma regular.
En los últimos cinco años, Xarxes d'Endesa ha desmantelado la instalación eléctrica de unas 10.600 plantaciones de marihuana en locales. Esa cifra representa el 26% del robo total de energía contabilizado por la compañía, que sitúa el problema con especial incidencia en varias zonas de Cataluña y Andalucía.
Solo en 2025, además, fueron desmanteladas alrededor de 1.850 instalaciones indoor para el cultivo de cannabis en toda España, con una recuperación de 182,7 millones de kWh de energía. El volumen da una medida del alcance de unas conexiones ilegales que obligan a intervenir junto a los cuerpos policiales.
Retirar esos empalmes también ha elevado el riesgo para los equipos que trabajan sobre el terreno. El año pasado hubo 58 agresiones a técnicos que acompañan a la policía en esas actuaciones, frente a alrededor de un centenar acumulado en los tres años anteriores.