Más de 200 personas se congregaron en el ayuntamiento de Tossa de Mar para mostrar su rechazo a la eliminación progresiva de las licencias turísticas. El acto fue convocado por Treballadors pel Lloguer Turístic en defensa de los empleados del sector.
Los alcaldes alertan del impacto económico en la Costa Brava
El encuentro sirvió de plataforma para que varios primeros ediles de la Costa Brava expusieran su oposición al Decreto-ley 3/2023. Esta norma prevé la extinción de la mayoría de apartamentos de uso turístico en Catalunya para noviembre de 2028.
Martí Pujals, alcalde de Tossa de Mar, aseguró que la vivienda no depende de estos alojamientos y destacó su rol vital para la economía local. Su postura coincide con la de otros mandatarios municipales presentes en el acto.
Maria Teresa Selva, de Begur, Jordi Colomí, de Torroella de Montgrí, Maurici Jiménez, de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, y Fèlix Llorens, de Roses, defendieron el peso económico de estas plazas. Los regidores advirtieron sobre las consecuencias negativas de su desaparición para los municipios.
Francesc Zucchitello, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Tossa de Mar, también prestó su respaldo a la movilización. Su presencia refleja la preocupación del tejido empresarial ante el cambio legislativo.
Cincuenta mil empleos en riesgo según los organizadores
Treballadors pel Lloguer Turístic cuantifica el posible daño laboral en la demarcación de Girona. La entidad calcula que existen cerca de 100.000 plazas de apartamentos turísticos que podrían desaparecer con la normativa vigente.
"Miles de trabajadores viven con angustia la posible pérdida de sus empleos si se eliminan los apartamentos de uso turístico en el año 2028" - Mireia Bessó, portavoz de Treballadors pel Lloguer Turístic
Bessó instó a los partidos políticos a escuchar a quienes dependen del sector antes de tomar decisiones con consecuencias irreversibles. La organización cifra en 50.000 los puestos de trabajo directos e indirectos amenazados en Girona.
Esta cifra asciende hasta 200.000 empleos en riesgo en el conjunto de Catalunya. El colectivo exige una revisión de la medida que afecta a un modelo arraigado en muchas zonas costeras.