El crimen machista y transfeminicida cometido en Figueres ha reabierto la presión sobre las medidas de protección a las víctimas después de que profesionales del ámbito forense y social lo sitúen como un caso evitable por la acumulación de alertas previas, control prolongado y fallos institucionales.
La principal contradicción del caso aparece en un punto concreto. Había denuncias y órdenes de protección, pero esos mecanismos no evitaron la muerte de Kimberly ni la exposición posterior de su cuerpo en plena vía pública, grabado y difundido en redes sociales.
Las denuncias no evitaron un proceso largo de control y desgaste
Aroha Cortés, psicóloga forense, sostiene que la existencia de denuncias y órdenes de protección no garantiza por sí sola una seguridad efectiva. En su análisis, la revictimización y la falta de acompañamiento continuado aumentan el desgaste emocional de las víctimas durante procesos que suelen alargarse.
Ese deterioro se inserta en un ciclo de violencia que empieza con control y dependencia. La anulación de la identidad y de la capacidad de decisión de la víctima acaba reflejándose en una ruptura emocional que Cortés resume en una pregunta concreta, "¿Qué me queda? ¿Quién soy yo?".
En Figueres, la lectura que hacen profesionales y colectivos es que no se trató de un episodio aislado, sino de un proceso sostenido en el tiempo. El caso incorpora además la condición de transfeminicidio, con factores añadidos de vulnerabilidad vinculados a la LGTBI-fobia, el estigma social y la precariedad económica.
La difusión del cuerpo en redes añadió otra forma de violencia
Otro de los elementos que ha marcado el caso fue la grabación y difusión del cuerpo de Kimberly en redes sociales mientras yacía en la calle. Esa circulación de imágenes ha colocado en el centro la respuesta de quienes priorizaron la exposición digital de la escena frente a cualquier reacción de auxilio o contención.
La discusión pública también alcanza a la respuesta penal. En ese debate se denuncia que, en el sistema penal actual, matar a una persona puede saldarse con penas de 20 años que después se reducen con permisos y otros derechos penitenciarios, lo que facilita el regreso a la calle.
Para el martes 25 de mayo, entidades feministas y colectivos sociales han convocado una concentración en la plaça Josep Tarradellas de Figueres. La movilización quiere exigir responsabilidades, protección real y justicia tras el crimen de Kimberly.