La Oficina Antifraude de Cataluña ha concluido que la alcaldesa de Palafrugell, Laura Millán incurrió en dos irregularidades relacionadas con la declaración de intereses e incompatibilidades, y además aprecia un posible conflicto de interés por hechos ocurridos cuando era concejala en la oposición. El Ayuntamiento deberá revisar dos contratos suscritos con la empresa de la que Millán fue administradora.
El caso se remonta a 2022. Entonces, Millán formaba parte de la oposición municipal y asumió el cargo de administradora de una empresa que mantenía contratos con el Ayuntamiento de Palafrugell. La obligación de los cargos electos, tal como se expuso en el pleno municipal, es presentar la declaración de intereses e incompatibilidades al inicio del mandato y comunicar cualquier modificación posterior.
En este caso, la alcaldesa debía haber informado de ese nombramiento cuando aceptó el cargo de administradora, pero no lo hizo hasta el final del mandato. Esa omisión es uno de los elementos recogidos en la resolución emitida por Antifraude.
Revisión de dos contratos municipales
El consistorio deberá abrir un expediente de revisión de oficio sobre dos contratos firmados en la etapa en la que Millán era concejala en la oposición. Durante el debate plenario se precisó que esos contratos no se consideran automáticamente nulos.
La decisión final sobre su validez deberá pasar por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que será la encargada de determinar si procede o no declarar su nulidad. Mientras tanto, el gobierno local ha llevado al pleno un acuerdo para aplicar las medidas dictaminadas por la comisión antifraude del Ayuntamiento.
El gobierno rebaja el alcance de los hechos
Durante la exposición en el pleno, la concejala Judit Zaragoza defendió que se trata de "irregularidades" y no de "ilegalidades".
"Son irregularidades y no ilegalidades" - Judit Zaragoza, concejala
El ejecutivo municipal mantiene que no existió un conflicto de interés efectivo porque Millán estaba en la oposición y no tenía capacidad de influir en decisiones de gobierno ni en una mesa de contratación. También calificó las irregularidades de menores, sin gravedad, y las enmarcó en un intento de desgaste político contra la alcaldesa.
El acuerdo impulsado por el gobierno municipal busca reforzar y adaptar el sistema interno de integridad conforme al plan de actuación municipal, además de promover medidas de sensibilización, información y formación dirigidas a los cargos electos.
ERC pide transparencia y responsabilidades políticas
ERC ha reclamado que se hagan públicos tanto la resolución de la Oficina Antifraude como el informe del especialista en ética, con preservación de los datos personales. Los republicanos también exigen que se depuren responsabilidades políticas por la denuncia, la investigación y la resolución emitida por Antifraude.
Para ERC, las irregularidades están vinculadas a posibles incumplimientos en materia de transparencia, incompatibilidades y contratación. El grupo sostiene que estos hechos afectan al prestigio y la credibilidad del Ayuntamiento y rechaza que puedan ser minimizados. También reprocha al gobierno local que, hasta ahora, no haya asumido responsabilidades ni haya reaccionado con la contundencia suficiente ante una resolución que obliga ahora al consistorio a revisar su actuación y el alcance de esos dos contratos.