La Defensora de la Ciudadanía de Girona ha puesto de manifiesto la existencia de múltiples casos de uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en su memoria anual de 2025.
El documento registra quejas donde se evidencia el empleo indebido de estas credenciales por conductores ajenos al titular o incluso después del fallecimiento de este. Una ciudadana presentó una reclamación concreta y la colaboración de la Asociación de Multicapacitats permitió constatar que la tarjeta estaba siendo utilizada por alguien que no cumplía los requisitos legales. Este incumplimiento genera un perjuicio directo para quienes necesitan ocupar plazas reservadas en la vía pública de Girona.
Propuestas técnicas y fallos administrativos
Alsina ha solicitado una revisión profunda del sistema de control sobre la vigencia y la titularidad de estos documentos. La defensora propone establecer mecanismos ágiles para facilitar el intercambio de información entre las distintas administraciones locales. El objetivo es disponer de datos lo más actualizados posibles para verificar si el titular sigue vivo o conserva la condición de discapacidad.
En el expediente analizado se aprecia claramente cómo la falta de coordinación administrativa dificulta detectar estos abusos en tiempo real. Las autorizaciones especiales solo son válidas cuando el discapacitado viaja dentro del coche, algo que resulta complicado de supervisar en vehículos conducidos por terceros.
Sanciones y contexto municipal
El caso objeto de estudio derivó en la imposición de dos multas consecutivas. La primera ascendía a 200 euros por un estacionamiento incorrecto en zona exclusiva. La segunda alcanzaba los 301 euros por el uso fraudulento de la tarjeta. Los agentes comprobaron que la persona conduciendo el vehículo no era el titular autorizado. La normativa contempla sanciones económicas que oscilan entre 301 y 6.000 euros para este tipo de infracciones leves reguladas por legislación específica.
Los datos municipales reflejan la magnitud del problema en la provincia, ya que durante el ejercicio 2024 la Policía Municipal levantó 921 denuncias por aparcar en espacios reservados sin autorización válida. Esta cifra subraya la necesidad de mantener una vigilancia estricta en los barrios y centros comerciales.
"el uso fraudulento causaba un grave perjuicio a quienes realmente necesitaban hacer uso" - Marta Alsina, Defensora de la Ciudadanía de Girona
Aunque en el caso concreto se valoró que no existía ánimo de lucro ni intención dolosa, la autoridad insiste en la conveniencia de castigar estos comportamientos para disuadir futuras conductas irregulares.
La institución también aboga por flexibilizar el régimen sancionador en situaciones de error inmediato. Alsina considera ideal permitir rectificaciones instantáneas que eviten la multa a conductores que corrijan su equivocación sobre la marcha. No obstante, advierte que la Policía Municipal debe seguir actuando con firmeza contra el abuso sistemático de las tarjetas. El documento se dio a conocer durante un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes ante la creciente preocupación vecinal por la ocupación ilegal de plazas accesibles.