Agentes de la Policía Nacional han procedido esta semana a la expulsión de más de cien delincuentes multirreincidentes en Barcelona y su área metropolitana. Las operaciones se han concentrado en distritos de la capital catalana y municipios limítrofes, actuando bajo órdenes judiciales y administrativas para retirar del territorio a sospechosos acusados de reincidir sistemáticamente.
Cifras y desmantelamiento de redes
Los datos oficiales confirman un incremento notable en las devoluciones comparado con ejercicios anteriores. Mientras el año pasado se contabilizaron 441 salidas forzadas, la actividad reciente ha puesto en marcha dispositivos coordinados que han permitido apartar a 21 ciudadanos extranjeros con más de 170 antecedentes por delitos contra el patrimonio, tráfico de estupefacientes, detenciones ilegales y tentativas de homicidio.
Entre ellos figuraban presuntos autores de maltratos familiares y agresiones sexuales. La colaboración institucional también ha derivado en la salida de más de 35 sospechosos de alto riesgo con más de 300 registros previos bajo el marco del plan Kanpai contra la multirreincidencia.
Protocolo y coordinación territorial
El procedimiento administrativo arranca en la Subdelegación del Gobierno o ante la autoridad judicial cuando los investigados acumulan varias causas penales pendientes. Los efectivos solicitan documentación identificativa a los consulados correspondientes y tramitan los decretos de expulsión. Una vez obtenidas las autorizaciones, la detención de los sospechosos se ejecuta en menos de 72 horas, gracias al trabajo conjunto con los Mossos d'Esquadra. Los detenidos que permanecían ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona son trasladados junto al resto hacia Madrid. Allí entregan los casos a la Unidad Central de Repatriaciones, que coordina los vuelos desde países como Colombia y Perú mediante transporte terrestre, aéreo o marítimo.
Respuesta institucional y marco normativo
"Trabajamos con efectividad y actuamos con firmeza dentro de la legalidad" - Carlos Prieto, Delegado del Gobierno
El titular ha subrayado que la prioridad es mejorar la eficacia del sistema y reducir la percepción de impunidad ante las preocupaciones ciudadanas. La Policía Nacional ha reiterado que los traslados se realizan garantizando los derechos fundamentales y siguiendo protocolos que descartan prácticas discriminatorias.
Las modificaciones aprobadas en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducirán agravantes específicas para combatir esta delincuencia. Estos cambios reforzarán la presencia de jueces y fiscales en los expedientes, agilizando las resoluciones. La actuación policial continúa monitorizando las zonas de mayor incidencia para mantener la seguridad pública en todo el territorio catalán.