La Audiencia Nacional ha elevado las condenas por el fraude de la plataforma de criptomonedas Arbistar y ha impuesto 16 años de prisión a Santiago Fuentes Jover, de Girona, y 11 años a Diego Fernández Nojarova. El tribunal suma además el delito de pertenencia a organización criminal, que no figuraba en la sentencia dictada en septiembre del año pasado.
El aumento de las penas contrasta con un proceso que todavía no ha cerrado la vía judicial ni la reparación económica a los afectados. Aunque la causa atribuye a la estafa un perjuicio de 200 millones de euros y cerca de 32.000 inversores perjudicados entre 2019 y 2020, las indemnizaciones han quedado de momento paralizadas por los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional añadió el delito de organización criminal
La resolución describe un esquema basado en el programa Community Bot, presentado como una herramienta capaz de generar beneficios mediante arbitraje con criptomonedas. El tribunal sostiene que en realidad no existía una actividad económica real y que el sistema pagaba a los primeros clientes con el dinero aportado por los nuevos.
La captación de inversores se apoyó en actos públicos, hoteles, congresos y vídeos difundidos en YouTube. La operativa quedó interrumpida en agosto de 2020, cuando los usuarios intentaron retirar sus fondos y la plataforma dejó de responder a esas peticiones.
En la sentencia también consta la absolución de cuatro personas y tres sociedades que habían sido investigadas al inicio del procedimiento. La obligación de resarcir a los afectados se limita por ahora a 9.494 personas incluidas en el listado de la Fiscalía.
Los recursos al Supremo frenan ahora el pago a 9.494 afectados
Las cantidades concretas que deberá percibir cada perjudicado no se han fijado todavía y tendrán que concretarse en la fase de ejecución. Ese trámite queda suspendido mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos planteados por las defensas de los dos condenados.
Los abogados cuestionan parte de la prueba digital incorporada a la causa. Entre sus objeciones figura que no se conservó el volcado forense original de un teléfono móvil, además de impugnar el cálculo del daño económico y denunciar un posible incumplimiento de garantías procesales.
Antes de llegar a la Audiencia Nacional, la causa arrancó en un juzgado de Arona, en Tenerife. La resolución definitiva sobre las condenas de Santiago Fuentes Jover y Diego Fernández Nojarova corresponde ahora al Tribunal Supremo.