El Consell General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario a un magistrado de una Audiencia Provincial por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia tras volcar en la herramienta todas las actuaciones del caso.
La apertura del expediente coincide con el avance de la inteligencia artificial en las empresas, donde ya la utiliza el 21,1% de las compañías españolas de diez o más trabajadores, pero en la judicatura el CGPJ acaba de fijar el límite de forma expresa. La instrucción aprobada el 28 de enero de 2026 veta que estos sistemas decidan, valoren pruebas o apliquen el derecho de manera autónoma.
El magistrado dejó en la sentencia el rastro de las preguntas hechas a ChatGPT
El expediente parte de un hecho concreto. El juez redactó la resolución mediante preguntas dirigidas a la inteligencia artificial y olvidó borrar del documento final las consultas realizadas durante ese proceso.
Ricardo Gonzalo Conde, promotor de la acción disciplinaria, sostiene que el magistrado presentó una aparente sentencia motivada por métodos artificiales y que actuó eludiendo cumplir con su función jurisdiccional.
La propuesta de sanción incluye quince días de suspensión y una multa de 501 euros. Frente a ese criterio, la Fiscalía plantea el archivo del expediente al entender que no se ha producido ninguna infracción disciplinaria.
La instrucción del 28 de enero de 2026 vetó decisiones judiciales automatizadas
La decisión sobre el expediente no está tomada. Ahora deberá resolver la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que tendrá que pronunciarse entre la propuesta del promotor y la petición de archivo de la Fiscalía.
Desde el 28 de enero de 2026, el órgano de gobierno de los jueces establece que la inteligencia artificial solo puede funcionar como herramienta de apoyo y siempre bajo un control humano real, consciente y efectivo.
Esa instrucción prohíbe que los sistemas de inteligencia artificial tomen decisiones judiciales, valoren hechos o pruebas, o interpreten y apliquen el derecho por sí solos. También impide incorporar a resoluciones judiciales contenidos generados por estas herramientas sin una validación crítica, completa y personal del juez o magistrado.
Además, los jueces únicamente pueden emplear herramientas de inteligencia artificial facilitadas por las administraciones competentes en materia de Justicia o por el propio CGPJ. La misma norma prohíbe introducir datos judiciales en sistemas no autorizados.
En paralelo a ese marco, el Instituto Nacional de Estadística situó en el primer trimestre de 2025 en el 21,1% el uso de inteligencia artificial entre las empresas españolas de diez o más trabajadores, lo que supone 8,7 puntos más que un año antes.