El Consejo Vecinal del Turó de la Rovira ha anunciado que este lunes presentará una solicitud formal al distrito de Horta-Ginardó. La entidad pide a la Guardia Urbana que intensifique las sanciones y proceda a la incautación de bebidas alcohólicas en la zona. David Mar, miembro de la plataforma vecinal, critica la inacción actual. «Se debería desbotellar la zona y requisarles el alcohol, pero no hay manera», asegura, mientras la entidad propone reforestar el cerro para dificultar las instalaciones de grupos que acuden a consumir.
El consistorio mantiene un dispositivo policial con agentes cívicos y controladores de tráfico desde 2023. El Ayuntamiento admite que grupos de turistas incumplen los horarios de cierre y consumen alcohol en la vía pública, lo que genera tensiones constantes.
La situación se ha agravado con incidentes violentos recientes. Hace un par de semanas, jóvenes irrumpieron en la escalera de acceso a la vivienda de Alexander, destruyeron macetas y lo confrontaron físicamente.
"Se debería desbotellar la zona y requisarles el alcohol, pero no hay manera"
Alexander solicitó instalar alambre con púas para protegerse, pero la policía denegó la petición. Ante esta limitación, el residente optó por plantar cactus junto a la barrera existente como medida disuasoria natural.
Los riesgos para la seguridad son evidentes. Un conductor ebrio atropelló a un empleado de control de vehículos el domingo pasado, quien permaneció hospitalizado durante un día y medio.
Los vigilantes reportan incidentes mensuales que incluyen lanzamientos de piedras y amenazas con cuchillos. Esta violencia afecta directamente a los residentes, como un vecino de 78 años que denuncia intrusiones diarias.
Este anciano recuerda haber recibido una paliza hace tres años por fotografiar a personas escalando. También menciona a una residente de 70 años que sufre intrusiones nocturnas y sufrió un conato de incendio en su vehículo.
"Le han pedido sacacorchos y agua para bañarse, a lo que niega cualquier ayuda"
Joan, otro vecino, denuncia falsas entregas de comida y graffiti permanente en su coche. La mujer añade que le han solicitado objetos personales, negándose siempre a facilitarlos.
El desplazamiento del problema afecta a casas adyacentes y a la calle de Mühlberg. La valla instalada por el Ayuntamiento costó 1,6 millones de euros y fue montada hace tres años, pero no logra contener la invasión.
Las residentes recuerdan tiempos pasados con mayor respeto entre vecinos. Aunque el barrio de los Cañones tenía mala fama en el pasado, ahora los habitantes sienten una clara falta de tranquilidad en sus hogares.