El alcalde de Vidreres, Jordi Camps, negó en la Audiencia de Girona haber favorecido a un agente para situarlo al frente de la Policía Local en un proceso de nombramientos internos realizado entre 2020 y 2021. El juicio, celebrado en la sección cuarta, quedó este jueves visto para sentencia después de dos jornadas en las que declararon los acusados y se practicó el trámite de conclusiones e informes.
Camps se enfrenta a una acusación por un delito continuado de prevaricación administrativa. En el banquillo también se sentaron el jefe de la Policía Local hasta 2020 y dos agentes investigados por su presunta participación en nombramientos irregulares dentro del cuerpo municipal.
El relevo en la jefatura abrió el conflicto
La causa se remonta a agosto de 2020, cuando el entonces jefe de la Policía Local pidió una comisión de servicio para marcharse a otro destino. Los acusados sostuvieron durante la vista que, para cubrir la plaza con rapidez, se optó por no convocar un concurso público y se hizo una selección interna entre agentes de la plantilla a partir de los currículums presentados.
El antiguo responsable del cuerpo declaró que revisó esa documentación junto al jefe de recursos humanos y al entonces gerente del Ayuntamiento. En total, aseguró, se recibieron seis candidaturas y los dos agentes finalmente escogidos eran, "de largo", los mejores perfiles.
El 15 de septiembre de 2020 emitió un informe en el que consideró urgente habilitar a esos dos agentes para asumir funciones de cabo. Fiscalía y acusación particular mantienen, sin embargo, que ambos no cumplían los requisitos de antigüedad exigidos.
Frente a esa tesis, el entonces jefe policial negó irregularidades y defendió que los dos años de antigüedad eran exigibles en un concurso oposición, pero no en unas habilitaciones reguladas por el reglamento de servicio de la Policía Local. Incluso afirmó que ninguno de los aspirantes reunía ese requisito y añadió que los dos seleccionados acumulaban unos diez años de experiencia en los Mossos d'Esquadra.
La revisión del decreto y la suspensión de los nombramientos
Jordi Camps firmó un decreto el 18 de agosto de 2020 para nombrar a los dos agentes como cabos de la Policía Local. Durante su declaración explicó que la pareja de un agente no seleccionado le alertó de posibles irregularidades en el procedimiento y que, a partir de ahí, pidió revisar la decisión.
"Todo el mundo sabe que yo no firmaré nunca nada contra el criterio de los técnicos. Por eso pedí al secretario que hiciera una revisión de oficio del decreto" - Jordi Camps, alcalde de Vidreres
El alcalde justificó que algunos dictámenes constaran con fecha posterior a la firma de los decretos por la ausencia y posterior baja del secretario municipal durante la pandemia. Cuando ese secretario advirtió de que el decreto era nulo de pleno derecho, Camps acordó suspender su ejecución. Según relataron los procesados, tras esa suspensión los dos agentes dejaron de llevar los galones.
Un nuevo decreto para reorganizar el cuerpo
Dos días después, el 8 de octubre de 2020, el alcalde firmó otro decreto de alcaldía para reorganizar la Policía Local y designar a uno de esos agentes como nuevo jefe del cuerpo. Ese agente sigue ocupando el cargo en la actualidad.
Camps sostuvo en la Audiencia que, una vez revisado el primer decreto, el Ayuntamiento pidió asesoramiento a la Diputación de Girona y al Departament d'Interior. A partir de esas consultas, señaló, el consistorio optó por aplicar la figura del agente en cap en lugar de la habilitación de cabos.
"Lo único que hice fue ceñirme a las recomendaciones de los servicios técnicos municipales y de los expertos" - Jordi Camps, alcalde de Vidreres
Los cuatro acusados rechazaron haber actuado de común acuerdo o haber diseñado un plan para beneficiar a ninguno de los candidatos. También negaron la existencia de una relación de amistad entre ellos, como sostienen el policía querellante y otros agentes que declararon durante el juicio. El alcalde y el actual jefe de la Policía Local admitieron que se conocen por ser del mismo pueblo, pero negaron formar parte del mismo grupo de amigos o verse fuera del trabajo.
"Todo el mundo tuvo las mismas oportunidades" - Jordi Camps, alcalde de Vidreres
La Fiscalía mantiene las penas de inhabilitación
La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron intactas sus peticiones de condena al término de la vista. Para Jordi Camps reclaman 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Para el entonces inspector de la Policía Local, 10 años de inhabilitación.
En el caso de los dos agentes beneficiados por los nombramientos, el ministerio público les atribuye un delito continuado de aceptación de nombramiento ilegal y pide para cada uno una multa de 3.600 euros y 3 años de suspensión de empleo público.
Tras los informes finales de las acusaciones y de las defensas, ejercidas por Carles Monguilod y Míriam Campa, las conclusiones provisionales quedaron elevadas a definitivas. La sección cuarta de la Audiencia de Girona deberá resolver ahora si los decretos firmados en Vidreres respondieron a una necesidad organizativa avalada por criterios técnicos o si, por el contrario, constituyeron un nombramiento irregular con relevancia penal.