Al menos 39 órdenes de expulsión pesan sobre 58 pisos de promoción pública ocupados ilegalmente desde 2017 en seis edificios del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs. Los lanzamientos están previstos a partir del 8 de junio y seguirán los jueves hasta diciembre, con jornadas en las que se han fijado tres o cuatro desahucios a la vez.
Las viviendas fueron construidas para reubicar a vecinos del bloque de la calle Venus, condenado al derribo. Ese derribo estaba previsto para 2028, pero el retraso en los traslados dejó los inmuebles vacíos durante casi una década, una situación que desembocó en la ocupación de todos los domicilios entre una tarde y una noche de julio de 2017.
Protesta ante el Ayuntamiento por los desahucios inminentes
Este lunes, habitantes de los pisos ocupados se concentraron ante el consistorio de Sant Adrià para reclamar una solución habitacional ante la inminencia de los desahucios. Los avisos de las órdenes judiciales han llegado a los domicilios en los últimos meses.
"Está previsto que el desahucio sea para el 10 de diciembre" - Jéssica Blázquez
"Los pisos estuvieron vacíos durante siete años y muchas familias entramos porque necesitábamos techo para vivir" - Jéssica Blázquez
El Sindicat d"Habitatge de la Verneda i el Besòs acompaña a los ocupantes. Desde este colectivo se cuestiona el cambio de criterio respecto a la posibilidad de regularizar algunos casos mediante alquileres sociales.
"Hubo vecinas que entregaron la documentación para el alquiler social, ¿por qué este cambio de criterio? Necesitaban el alquiler hace uno, dos o tres años, y también ahora" - Víctor, Sindicat del Besòs
Viviendas reservadas para el realojo del bloque Venus
El gobierno municipal mantiene que la totalidad de la vivienda de estos bloques debe destinarse al realojo de vecinos del bloque Venus. En paralelo, hasta ahora se han tapiado 55 de las 244 viviendas de la calle Venus, después de acuerdos firmados por familias con las administraciones para abandonarlas.
Quienes aceptan un cambio de vivienda reciben domicilios adquiridos por las administraciones en la Mina. A la vez, las personas que ocupan estos pisos no pueden acceder ni a las viviendas tomadas en 2017 ni a otras adjudicadas a demandantes de vivienda de protección oficial, pese a que fueron edificadas hace cerca de 20 años.
Desde el entorno de los ocupantes se sostiene que el Consorci de la Mina llegó a trasladar a varias familias que podrían regularizar su situación con alquileres sociales. También rechazan que el retraso en el realojo de Venus responda a la ocupación masiva de 2017.
"Los vecinos de Venus tenían que pagar para realojarse y, cuando se ocupan los bloques, ya no estaban pensados para ellos" - Víctor, Sindicat del Besòs
Resoluciones judiciales y un conflicto enquistado desde 2017
Las resoluciones judiciales derivan de denuncias presentadas años atrás por el Consorci de la Mina, en el que participan la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià y la Diputació. Los Juzgados de Badalona han dictado al menos esas 39 órdenes de expulsión, de acuerdo con los datos del Departament de Drets Socials y del Ayuntamiento de Sant Adrià.
Todos los pisos ocupados fueron asaltados entre una tarde y una noche de julio de 2017. Un mes después, los Mossos d"Esquadra desmantelaron una trama para encomendar la vigilancia de 144 pisos vacíos de la Mina al cabecilla de una familia con detenciones y condenas por controlar parte del tráfico de drogas en el barrio.
El episodio tuvo además una derivada judicial posterior. En 2020, la Audiencia de Barcelona condenó por prevaricación al exteniente de alcalde del PSC de Sant Adrià Juan Carlos Ramos por entregar sobres con dinero a Ángel Amaya, conocido como el Tío Cristina y patriarca de Los Manolos.
Durante estos años, los afectados del bloque Venus evitaron un choque abierto por estos inmuebles en disputa. No los reclamaron como propios ni respaldaron públicamente a los ocupantes. Ahora, con el calendario de lanzamientos ya fijado, el conflicto entra en una nueva fase en la Mina, con decenas de familias pendientes de una respuesta administrativa o judicial antes de que arranquen los desalojos.