La sección cuarta de la Audiencia de Girona ha empezado este miércoles el juicio contra el alcalde de Vidreres, Jordi Camps, por los supuestos nombramientos ilegales en la Policía Local entre 2020 y 2021. En el banquillo también se sientan el entonces inspector del cuerpo y dos agentes que acabaron ascendiendo en un procedimiento que la Fiscalía considera irregular.
El ministerio público pide para Camps 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa. Para el entonces inspector solicita 10 años de inhabilitación por el mismo delito. En el caso de los dos agentes beneficiados por los nombramientos, la acusación les atribuye un delito continuado de aceptación de nombramiento ilegal y reclama para cada uno una multa de 3.600 euros y 3 años de suspensión de empleo público.
Una querella por unos ascensos bajo sospecha
La causa arranca a raíz de la querella presentada por el abogado Benet Salellas en representación de un policía local que se consideró perjudicado por los nombramientos hechos para sustituir al inspector. Las acusaciones sostienen que los cuatro procesados actuaron de común acuerdo para evitar concursos públicos y colocar a dos agentes como cabos.
La Fiscalía mantiene que se actuó para esquivar la legalidad vigente y evitar los controles propios de un procedimiento de nombramiento público. En su escrito, sitúa una de las claves en el informe emitido por el entonces inspector el 15 de septiembre de 2020, en el que defendía que era urgente habilitar a dos agentes en activo para asumir tareas de cabo, pese a que, siempre según la acusación, ambos no cumplían los requisitos de antigüedad y había otros policías que sí reunían las condiciones exigidas por la normativa.
La acusación pública también atribuye al alcalde un decreto firmado el 18 de agosto de 2020 para nombrar a esos dos agentes como cabos de la Policía Local prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Un día después firmó otro decreto para aprobar la comisión de servicios del inspector, que entró en vigor a mediados de septiembre de ese año.
Advertencias del secretario municipal
La Fiscalía sostiene que el primer aviso sobre la irregularidad del procedimiento llegó a principios de septiembre de 2020 de la mano del secretario municipal, que advirtió de que el decreto era nulo de pleno derecho. Tras esa advertencia, el alcalde dictó un nuevo decreto de revisión del anterior y acordó suspender la ejecución de los nombramientos de los cabos.
Sin embargo, el agente querellante ha declarado este miércoles que, pese a esa suspensión, los dos policías seguían ejerciendo funciones de mando.
"Ordenaban y mandaban" - agente querellante
La causa añade un nuevo episodio el 8 de octubre de 2020, cuando el alcalde dictó otro decreto para reorganizar la Policía Local y nombrar a uno de los agentes como nuevo jefe del cuerpo. La Fiscalía entiende que esa designación también se hizo sin el procedimiento legal exigible, que requería una convocatoria pública y un sistema de concurso.
A finales de octubre de 2020, el secretario municipal volvió a advertir de que era necesario convocar una oposición para cubrir la jefatura. Pese a ello, la fiscal sostiene que el alcalde persistió en su voluntad de nombrar al acusado como jefe, aun sabiendo que no cumplía los requisitos legales y que el procedimiento empleado no era el correcto.
Un proceso urgente y un plus anual
Después de esas advertencias, el alcalde convocó un proceso de selección con carácter de máxima urgencia para los días 3 y 4 de diciembre de 2020. En ese procedimiento solo participó el agente que finalmente obtuvo el puesto de jefe del cuerpo. Más tarde, el 22 de febrero de 2021, el alcalde acordó asignarle un plus económico anual de 12.089,58 euros por su habilitación como jefe de la Policía Local.
Ese agente procesado sigue siendo hoy el máximo responsable de la Policía Local de Vidreres. Para la Fiscalía, en todo el proceso se dictaron cinco decretos irregulares.
El primer testigo habla de un simulacro
El primer testigo en declarar ha sido el policía que interpuso la querella. En su comparecencia, ha definido el procedimiento como un simulacro de convocatoria y ha asegurado que todo estaba encaminado a situar como cabos a los dos policías procesados.
"Fue una asignación a dedo de unas personas determinadas" - agente querellante
Según su relato, hubo seis candidatos y solo dos cumplían el requisito de tener dos años de antigüedad en el cuerpo, y ninguno de ellos era de los finalmente nombrados. También sostuvo que la maniobra se hizo para favorecer a los dos candidatos porque eran amigos entre ellos y afirmó que la situación le perjudicó laboralmente, hasta el punto de que desde su primera queja toda la organización se puso en su contra.
En la vista también ha declarado la presidenta del comité de empresa, que explicó que hubo dudas sobre el procedimiento y que se registró una instancia para reclamar que se hiciera con garantías legales. La respuesta del Ayuntamiento, según expuso, fue que estaban buscando la fórmula para hacerlo de manera correcta tanto jurídicamente como administrativamente.
Otros candidatos que presentaron su currículum para optar al puesto de cabo han ratificado durante el juicio que los únicos que cumplían el requisito de dos años de antigüedad en el cuerpo eran el querellante y otro agente.
Está previsto que este jueves declaren Jordi Camps y los otros tres acusados, antes del trámite de conclusiones e informes, en una vista que sigue bajo el foco en Girona por la gestión de la cúpula de la Policía Local de Vidreres.