Un dispositivo conjunto de Mossos d'Esquadra y Policia Nacional identificó a 150 personas en el distrito de Sant Martí y en Sant Adrià de Besòs, en una operación del pla Kanpai desplegada el miércoles con apoyo de la Guàrdia Urbana de Barcelona y la policía local de Sant Adrià.
Entre esas 150 identificaciones, los agentes detectaron un total de 1.182 antecedentes penales acumulados. La cifra contrasta con el resultado inmediato del operativo, que se saldó con cuatro detenciones, tres de ellas por la ley de extranjería y otra por una orden de detención tramitada por la Guàrdia Urbana.
Los agentes detectaron 1.182 antecedentes entre 150 personas
El operativo movilizó a más de 40 agentes de Mossos d'Esquadra y a una veintena de la Policia Nacional, además de efectivos de la Guàrdia Urbana y de la policía local de Sant Adrià. El despliegue se centró tanto en la vía pública como en el metro, dos de los espacios donde el cuerpo autonómico mantiene controles periódicos en esta zona.
Mossos d'Esquadra enmarca estas actuaciones en la presión sobre personas multirreincidentes y en la intervención de armas blancas y sustancias estupefacientes. En ese balance del miércoles, los agentes también registraron a una persona investigada penalmente.
La actuación dejó además cinco denuncias por tenencia de sustancias y una por tenencia de armas. A ese recuento se sumaron tres denuncias de tráfico y otras tres por infracción de ordenanzas municipales.
El pla Kanpai ha expulsado a 35 delincuentes de alto riesgo
El dispositivo forma parte del pla Kanpai, activado por Mossos d'Esquadra en abril de 2025 para actuar sobre la multirreincidencia en Barcelona. Desde su puesta en marcha, el cuerpo ha expulsado a 35 delincuentes extranjeros de alto riesgo que habían cometido robos en la ciudad durante el último año.
En paralelo, el plan también ha puesto el foco en la red de transporte público. En cuatro meses, los agentes han detenido a 85 multirreincidentes por robos en los autobuses de TMB, uno de los escenarios donde el cuerpo ha reforzado la vigilancia.
La presión policial coincide con la entrada en vigor en abril de la nueva ley contra la multirreincidencia, que introduce penas de prisión para los hurtos.