El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenado al Ajuntament de Terrassa devolver a Mina Pública d"Aigües de Terrassa bienes, clientes y derechos vinculados al proceso de municipalización del agua iniciado en 2016. La sentencia, dictada el 18 de abril, afecta a una parte del servicio que desde marzo de 2018 gestiona directamente la entidad pública Taigua.
El consistorio estudia ahora la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Dispone de un plazo de 30 días para decidir si impugna la resolución.
Qué parte del servicio queda afectada
La devolución de clientes se circunscribe a zonas concretas del municipio. En la resolución se incluye el centro histórico de Terrassa, el barrio de Can Parellada y los núcleos de Aigües Calonge, Aigües Reig y Fontcoberta.
La antigua concesionaria sostiene que esta medida tendría impacto sobre unos 20.000 abonados, una cifra que equivaldría al 20% de los clientes actuales de Taigua. Aun así, el TSJC exige a Mina que acredite documentalmente qué clientes reclama antes de que se ejecute cualquier devolución.
La posición del Ajuntament
El equipo de gobierno mantiene que la sentencia confirma que la red de distribución ha revertido correctamente a la administración local y defiende que la infraestructura es 100% pública. El Ayuntamiento también subraya que lo relativo a las fincas no deja sin efecto el acuerdo de segregación que en su día se elevó al pleno.
La gestión directa del servicio se aprobó de forma definitiva en marzo de 2018, cuando el pleno municipal dio luz verde al modelo público a través de Taigua. Esa decisión cerró el proceso político y administrativo abierto dos años antes para municipalizar el suministro.
Posible impacto económico
La sentencia contempla además una eventual indemnización a favor de la antigua concesionaria si el Ajuntament no puede deshacer los efectos del traspaso. Esa compensación podría alcanzar los 20 millones de euros, una cifra que añade presión al análisis jurídico que ahora tiene sobre la mesa el consistorio.
El siguiente paso dependerá de si el Ayuntamiento opta por recurrir ante el Supremo y de la documentación que presente Mina para concretar el alcance de los clientes y derechos que reclama. Mientras tanto, Terrassa vuelve a situar en el centro del debate uno de los procesos de remunicipalización más relevantes de Cataluña.