El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenado al Ajuntament de Terrassa devolver a la Mina Pública d"Aigües de Terrassa clientes, bienes y derechos de abastecimiento en un plazo máximo de tres meses, en una sentencia dictada el 18 de abril de 2026 sobre el conflicto abierto tras la municipalización del servicio de agua.
La resolución afecta a suministros situados en el centro de Terrassa, Can Parellada y los núcleos de Aigües Calonge, Aigües Reig y Fontcuberta. La Mina Pública d"Aigües de Terrassa sostiene que el alcance del fallo implica a unas 20.000 personas abonadas, una cifra que equivale al 20% de los clientes de Taigua, la empresa municipal que presta el servicio desde 2018.
Un plazo de tres meses y una posible indemnización
La sentencia fija un margen máximo de tres meses para dejar sin efecto las consecuencias de la municipalización en esos ámbitos concretos. Si no se ejecuta esa restitución en ese plazo, el consistorio deberá afrontar una indemnización que la MPAT sitúa en más de 20 millones de euros.
El litigio se arrastra desde hace años a cuenta de la reversión de activos y derechos vinculados al abastecimiento de agua. En 2021, el propio TSJC ya concluyó que parte de los bienes no debían revertir a la administración pública. Pese a ello, el pleno municipal acordó formalmente en diciembre de 2023 no proceder a la restitución.
El Ayuntamiento estudia recurrir ante el Supremo
El Ajuntament de Terrassa dispone ahora de 30 días hábiles para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La posición del consistorio pasa por defender que la sentencia confirma el carácter público de la red de distribución y que corresponde a la MPAT acreditar con documentación qué clientes privados reclama.
La resolución vuelve a situar en el centro del debate la delimitación entre los elementos de titularidad pública y los derechos que la empresa privada considera todavía vigentes en parte del servicio. El alcance práctico del fallo dependerá de si el Ayuntamiento opta por recurrir y de cómo se concrete, en su caso, la identificación de clientes, bienes y derechos que deberían ser restituidos.
Con este nuevo pronunciamiento judicial, Terrassa afronta otro capítulo de un conflicto que sigue abierto ocho años después de que Taigua asumiera la gestión municipal del agua, con una parte del servicio aún bajo disputa en varias zonas de la ciudad y su entorno inmediato.