La muerte de una persona durante un intento de robo ha reactivado la alarma en el barrio barcelonés de Sant Antoni. La asociación de comerciantes Sant Antoni Comerç exige medidas inmediatas ante lo que considera una crisis de seguridad y convivencia sin precedentes recientes.
Jordi Arias, presidente de la entidad que agrupa a 261 establecimientos, reclama la implantación de patrullas fijas las veinticuatro horas en la ronda de Sant Pau. También solicita una presencia policial constante en calles como Aldana, Marquès de Campo Sagrado y Parlament, en el tramo comprendido entre la ronda y la calle del Comte Borrell.
El comercio nocturno paraliza su actividad por miedo
La tensión en la zona baja del barrio afecta directamente a la viabilidad económica de los negocios. Muchos restauradores han dejado de abrir por las noches porque no se sienten seguros, según explicó el responsable de la asociación mercantil.
La percepción de inseguridad se dispara a partir de las ocho de la tarde. Los avisos llegan casi a diario a la oficina de la entidad, que observa cómo la situación se ha cronificado y agravado en los últimos meses.
"Cuando la patrulla de la Urbana está, no hay actos delictivos, pero una vez se marchan se descontrola" - Jordi Arias, presidente de Sant Antoni Comerç
Esta dinámica ha llevado a algunos propietarios a considerar el cierre definitivo o el traslado de sus locales. La imposibilidad de trabajar con normalidad obliga a plantearse alternativas drásticas para mantener la actividad empresarial.
Mil denuncias contra la venta ambulante irregular
Las autoridades municipales activaron desde agosto de 2025 el Plan de choque de Sant Antoni. Esta estrategia incluye reuniones mensuales con las entidades vecinales para monitorizar problemas de seguridad, movilidad y limpieza en el espacio público.
Un dispositivo conjunto de los distritos de Ciutat Vella y Eixample opera desde finales de ese mismo año contra la venta ambulante. Las actuaciones se concentran en las calles Sant Pau, Cera y Parlament y han generado cerca de 1.000 denuncias además del decomiso de material.
Los datos del Ayuntamiento registran 31 demandas relacionadas con personas sin hogar desde la implementación del plan. Estos casos derivan a Servicios Sociales y, en muchas ocasiones, a equipos especializados de salud mental.
Sant Antoni Comerç insta a reforzar los recursos de atención social para abordar las causas subyacentes del conflicto. La entidad subraya la necesidad de garantizar la salubridad, el descanso vecinal y la continuidad comercial mientras se mejora la convivencia.