La Guardia Civil ha desarticulado una red de clínicas estéticas clandestinas que operaba en Barcelona, Bizkaia, Las Palmas y Asturias, con siete operaciones que han acabado con nueve detenidos. Dos de los arrestos se han practicado en el área metropolitana de Barcelona, en actuaciones centradas en L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat.
La investigación sitúa el principal contraste del caso en el perfil de la trama, que combinaba a personas sin formación sanitaria con profesionales colegiados para administrar tratamientos estéticos fuera de control, en peluquerías, centros sin licencia y también a domicilio. Los agentes intervinieron 115.000 euros y 10.000 dosis de bótox introducidas sobre todo desde Corea del Sur y Vietnam.
La red mezclaba personal sin formación y profesionales colegiados
Los investigadores atribuyen a la organización un sistema de distribución y aplicación de productos estéticos ilegales en distintos puntos del país. En el área de Barcelona, las actuaciones se concentraron en L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat, dos de los municipios donde la Guardia Civil localizó parte de la actividad.
Además del bótox, los agentes incautaron ácido hialurónico y medicamentos para la diabetes que la trama utilizaba de forma indebida para tratamientos de pérdida de peso. La red ofrecía esas sustancias en espacios que no contaban con licencia sanitaria y también desplazaba a personas para aplicar los productos en domicilios.
La operación dejó además nueve detenidos en siete actuaciones policiales repartidas entre Barcelona, Bizkaia, Las Palmas y Asturias.
Sanidad alerta de infecciones graves y secuelas irreversibles
El riesgo, según las advertencias sanitarias ligadas a este tipo de prácticas, aumenta cuando los productos se manejan sin control sanitario y sin garantizar la cadena de frío. En esos casos, la administración de bótox o de otras sustancias puede derivar en infecciones graves y reacciones alérgicas.
También pueden aparecer parálisis facial y secuelas irreversibles cuando el tratamiento lo aplica personal no cualificado o cuando el producto no ofrece garantías sobre su origen y conservación.
En el registro de la red, la Guardia Civil intervino 115.000 euros y 10.000 dosis de bótox procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam.