Varios sindicatos de vivienda de les Corts, la Verneda i el Besòs, el Poble-sec y Sants irrumpieron el viernes en la oficina de la Agència de l'Habitatge de Catalunya para exigir la paralización de los desahucios de diez familias que viven en inmuebles de titularidad de la Generalitat de Catalunya.
La protesta sitúa el foco en una contradicción que los colectivos consideran inasumible. Denuncian que la administración impulsa expulsiones de vecinos de pisos públicos y, al mismo tiempo, no ofrece alternativa habitacional en al menos dos lanzamientos ya previstos para finales de mayo y junio.
Diez familias reclaman que la Agència frene lanzamientos ya señalados
La acción la impulsaron sindicatos de vivienda de cuatro zonas de Barcelona después de, según explican, decenas de intentos fallidos de abrir una negociación con el organismo autonómico. Su reclamación pasa por detener todos los procedimientos, tanto los que ya tienen fecha fijada como los que siguen abiertos.
Marta Espriu, portavoz de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, sostuvo que los inmuebles afectados pertenecen a la Generalitat de Catalunya. También señaló que entre los casos hay ejecuciones con fecha cerrada y otros expedientes que todavía continúan en tramitación.
En su denuncia pública, los colectivos acusan a la Agència de l'Habitatge de Catalunya de expulsar a vecinos de vivienda pública y de negarles además el acceso a la mesa de emergencia. La petición inmediata consiste en abrir una mesa de negociación que permita revisar los diez casos.
Una inquilina de Sants-Montjuïc tiene el desahucio fijado para finales de mes
Uno de los casos que los sindicatos situaron en primer plano es el de Sarai, inquilina de un piso en el distrito de Sants-Montjuïc. La mujer tiene fecha de desahucio para finales de este mes y asegura que en su vivienda residen también dos menores de uno y tres años.
"No quieren arreglar nada, nos dejan en la calle con dos criaturas, dos menores de uno y tres años" - Sarai, inquilina afectada
La inquilina explicó además que vive en ese inmueble desde hace cuatro años. En su relato, rechazó que el conflicto responda a una negativa a asumir el pago de la vivienda.
"No me niego a pagar, tenemos dos sueldos" - Sarai, inquilina afectada
Entre los diez casos por los que protestaron los sindicatos, dos desahucios están previstos para finales de mayo y junio sin alternativa de vivienda, un extremo que centra la exigencia de paralizar todos los procedimientos.