Irídia ha llevado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas un caso de presuntos malos tratos en el CIE de la Zona Franca de Barcelona que sitúa los hechos el 21 de septiembre de 2017, después de una protesta en el patio del centro.
La entidad sostiene que, tras esa protesta, varios internos habrían sido retenidos y trasladados a un pasillo y a un lavabo, donde presuntamente sufrieron malos tratos por parte de los agentes. La organización asumió la representación de tres afectados y asegura que las denuncias se apoyaron en las quejas de los propios internos y en informes médicos de lesiones.
Denuncia por hechos ocurridos tras una protesta en el patio
Irídia afirma que la documentación recopilada apunta a la existencia de cámaras de seguridad en el pasillo que habrían captado cómo los internos eran arrastrados y cómo después salían con signos evidentes de lesiones. La entidad considera que ese material era relevante para esclarecer lo ocurrido dentro del centro de internamiento de la Zona Franca.
"El 21 de septiembre de 2017 varios internos habrían sido retenidos y trasladados" - Irídia
La organización remarca que los tres casos llegaron a denunciarse. Sin embargo, sostiene que todos los denunciantes fueron deportados antes de que pudieran prestar declaración como testigos y someterse a reconocimientos forenses.
La investigación judicial quedó archivada
Siempre según Irídia, un juzgado de Barcelona abrió una investigación por estos hechos, aunque la causa terminó archivada por la falta de declaración de las víctimas. La entidad añade que el contacto posterior solo pudo retomarse con uno de los tres afectados, pero ese procedimiento tampoco pudo avanzar por su situación de vulnerabilidad y por la imposibilidad de desplazarse a España para declarar.
En los otros dos casos, la organización agotó las vías internas con un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue inadmitido a trámite por falta de transcendencia constitucional.
Lo que pide al Comité contra la Tortura
Ante este escenario, Irídia reclama que se obligue al Estado a llevar a cabo una investigación efectiva, a sentar a los responsables ante la justicia y a garantizar una reparación efectiva a las víctimas. También pide medidas para reforzar la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en los CIE.
Entre las medidas concretas, solicita que las cámaras de seguridad de estos centros estén bien mantenidas y que las grabaciones se custodien durante el tiempo necesario. Además, reclama que los juzgados de instrucción, especialmente los que tienen competencias sobre los CIE, practiquen diligencias urgentes cuando reciban denuncias de internos.
El caso queda ahora en manos del comité de la ONU, al que la entidad ha pedido que examine si la respuesta dada hasta ahora fue suficiente ante unos hechos que, ocho años después, siguen sin haber sido aclarados judicialmente.