La oposición municipal ha reaccionado con dureza ante la decisión del gobierno de Barcelona de ceder el Estadi Olímpic Lluís Companys a la Iglesia de forma gratuita. La medida se enmarca en los preparativos para la visita del papa Francisco a la ciudad.
Los grupos de Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya acusaron este viernes al alcalde, Jaume Collboni, de falta de transparencia. Ambos partidos consideran que la operación carece de las garantías necesarias para el erario público.
ERC exige conocer el coste real de la cesión
Elisenda Alamany, portavoz de ERC, ha presentado dos ruegos formales dirigidos al ejecutivo socialista. El objetivo es acceder al convenio firmado con el Arquebisbat de Barcelona y desglosar los gastos asociados.
La formación republicana busca determinar qué coste asumirá finalmente el Ayuntamiento por esta cesión temporal. Consideran esencial saber si existen partidas ocultas o responsabilidades económicas derivadas del uso del equipamiento.
"Exigimos respuestas y transparencia sobre el acuerdo suscrito con la Iglesia" - Elisenda Alamany, portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona
Los ruegos instan al gobierno municipal a facilitar toda la documentación legal y económica relacionada con el evento. La oposición advierte que la opacidad en la gestión de espacios públicos genera desconfianza entre la ciudadanía.
BComú acusa al alcalde de regalar el estadio
Gemma Tarafa, de Barcelona en Comú, fue aún más contundente en su valoración política de la medida. Criticó que Collboni haya actuado con el respaldo de Junts, el PP y Vox para cerrar el acuerdo.
La dirigente comunista afirmó que el ejecutivo ha regalado el Estadi Olímpic al Arquebisbat. Esta alianza parlamentaria permite al PSC aprobar decisiones clave sin necesidad de negociar con las fuerzas progresistas tradicionales.
Ambas formaciones coinciden en la necesidad de someter a escrutinio público la gestión del equipamiento. Exigen la comparecencia inmediata del ejecutivo municipal para aclarar los términos de la cesión.
La tensión política se intensifica a pocos días de la llegada del pontífice. Los grupos críticos mantienen que la prioridad debe ser garantizar el acceso ciudadano a los bienes comunes.