La Guardia Civil de Fraga ha imputado a un hombre de 56 años del Baix Cinca por presunta explotación laboral y coacciones a un trabajador extranjero al que pagaba 25 euros a la semana y al que retuvo la documentación personal durante la campaña frutícola.
La investigación arrancó a principios de mayo después de la denuncia de un ciudadano extranjero que había llegado en abril a la zona atraído por una oferta de empleo difundida en redes sociales. El caso vuelve a situar el foco sobre una comarca en la que la campaña anterior ya afloró un volumen mucho mayor de abusos, con unos 400 temporeros liberados en actuaciones previas.
La denuncia destapó jornadas largas y pago de 25 euros semanales
El trabajador denunció que las condiciones reales no coincidían con las que le habían ofrecido antes de desplazarse al Baix Cinca. La Guardia Civil sostiene que el investigado le impuso largas jornadas, sin contrato y sin medios de protección.
Además del salario de 25 euros semanales, los agentes atribuyen al sospechoso la retención de la documentación del afectado, una situación que añadió presión sobre el trabajador mientras desarrollaba su actividad en la zona de Fraga.
Fue el 14 de mayo cuando la denuncia penal quedó formalizada por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y coacciones. En esa actuación, los agentes recuperaron también la documentación personal del denunciante.
La campaña anterior dejó 13 detenidos y unos 400 temporeros liberados
El nuevo caso se suma a los antecedentes recientes detectados en la misma comarca durante la última campaña frutícola. Entonces, la Guardia Civil detuvo a 13 empresarios e intermediarios e investigó a otras cuatro personas.
Entre los implicados figuraban cuatro empresas de trabajo temporal y cuatro explotaciones frutícolas. Aquellas intervenciones permitieron liberar a unos 400 trabajadores de temporada, en su mayoría extranjeros.
Los agentes detectaron entonces que muchos de esos temporeros vivían en viviendas insalubres y soportaban retenciones salariales por alojamiento y manutención. El convenio del sector agrícola obliga a facilitar esos conceptos de forma gratuita o a precios módicos.
Para comunicar posibles delitos vinculados con la explotación laboral, la Guardia Civil mantiene operativo el teléfono 062. La investigación que ha dado lugar a esta imputación comenzó tras la llegada del denunciante en abril por una oferta de trabajo para la campaña frutícola publicada en redes sociales.