La negociación del expediente de regulación de empleo en la línea de manipulados de cartón de Verdisseny, en Terrassa, terminó este viernes sin acuerdo después de que concluyera el periodo de consultas y la plantilla rechazara en asamblea la última propuesta de la empresa, integrada en el Grupo Osga.
El choque final llegó por dos vías. Por un lado, la dirección mantenía una oferta de 33 días por año trabajado con un tope de 15 mensualidades, pero ha anunciado que aplicará 22 días con un límite de 12 para quienes queden dentro del expediente. Por otro, la empresa planteaba desafectar a 17 personas, aunque de los 16 empleados que se ofrecieron voluntariamente para ser reubicados solo aceptó seis perfiles.
La empresa rebaja la indemnización a 22 días y mantiene 17 desafectaciones
La línea afectada reúne a cerca de 50 trabajadores y la mayoría son personas con discapacidad. Ese dato ha centrado buena parte del pulso entre la dirección y la representación social durante el periodo de consultas.
En su última propuesta, la empresa mantenía una indemnización de 33 días por año trabajado y elevaba el tope de 12 a 15 mensualidades. La parte social reclamaba llegar a las 18 mensualidades y defendía que cualquier recolocación en otros servicios de la compañía debía ser voluntaria.
Tras el cierre sin pacto, la dirección comunicará a la autoridad laboral la desafectación de 17 personas y una indemnización de 22 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades para los incluidos en el expediente.
Además, la empresa sostiene que impulsará un plan social para facilitar la recolocación voluntaria en otras compañías similares. Ese planteamiento se suma a la reubicación interna de parte de la plantilla en otros servicios de la propia empresa.
Solo seis voluntarios fueron aceptados para los traslados a otros servicios
La discrepancia más fuerte se produjo en el capítulo de las recolocaciones. La dirección proponía reubicar a 17 personas, pero de los 16 trabajadores que se ofrecieron voluntariamente solo aceptó seis perfiles y planteó completar el grupo con otras once personas elegidas por la empresa.
La representación de los trabajadores sostiene que la compañía no ha negociado con buena fe y denuncia que faltó documentación relevante durante el proceso. En concreto, reprocha que no facilitara la lista de las once personas que la empresa quería incorporar para completar las recolocaciones.
La dirección justificó esa negativa en la protección de datos. También argumentó que su intención era mantener dentro de la empresa a aquellos trabajadores que, por capacidad y situación, estuvieran en peor posición para encontrar otro empleo.
Ahora la parte social estudia presentar una demanda de despido colectivo para pedir la nulidad del expediente y, de forma subsidiaria, su improcedencia. También valora impugnar las eventuales reubicaciones por una posible modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
El conflicto afecta a una línea con cerca de 50 trabajadores en Verdisseny, en Terrassa, y la mayoría de esa plantilla son personas con discapacidad.